Por Nick Adjami
9 de marzo de 2021
El 20 de enero de 2021, el presidente Biden emitió una orden ejecutiva que ordena a todas las agencias federales interpretar las protecciones contra la discriminación por motivos de sexo de modo que incluyan la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género y expresión de género. El 11 de febrero, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) emitió un memorando en el que anunciaba su implementación de dicha orden. En consecuencia, la agencia “administrará y hará cumplir la Ley de Vivienda Justa para prohibir la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género”.
La Ley de Vivienda Justa, aprobada en 1968, prohíbe la discriminación en la vivienda por motivos de raza, color, origen nacional, religión, discapacidad, situación familiar y sexo. Algunas ciudades y estados optaron por proteger explícitamente contra la discriminación por motivos de orientación sexual ya desde la década de 1970. Sin embargo, a nivel federal, la protección ha sido escasa. El HUD logró avances con la implementación de las normas de “Igualdad de Acceso” en 2012 y 2016, que protegían contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en los programas financiados por el HUD, pero el memorando de 2021 marca un claro avance al proteger también a las personas LGBTQ en viviendas que no reciben financiamiento del HUD.
La decisión de la administración Biden de hacer cumplir la Ley de Vivienda Justa para prohibir la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género se deriva de la decisión de 2020 de la Corte Suprema en Bostock v. Clayton County. La corte dictaminó que “un empleador que despide a una persona simplemente por ser gay o transgénero viola el Título VII” de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación por sexo. Esta decisión abrió la puerta para que también se reexaminaran las protecciones contra la discriminación por sexo en otras leyes, como la Ley de Vivienda Justa.
La comunidad LGBTQ ha sufrido una discriminación persistente y se beneficiará de la protección federal contra la discriminación. Al final de la administración Obama, el HUD patrocinó un estudio para investigar la discriminación por orientación sexual e identidad de género en el mercado de alquiler mediante pruebas de pares equiparados. Ese estudio, elaborado en colaboración con el Equal Rights Center, determinó que los proveedores de vivienda informaban a los hombres gais sobre menos unidades disponibles y les cotizaban costos de alquiler anuales promedio $272 más altos en comparación con los hombres heterosexuales. De manera similar, a los evaluadores transgénero se les informó sobre menos unidades disponibles que a sus contrapartes cisgénero. Cuando el HUD emitió su memorando más reciente sobre estos temas en febrero, finalmente publicó este estudio en su propio sitio.
De manera similar, en 2013, el ERC utilizó pruebas de pares equiparados para investigar el acceso de las personas LGB a viviendas para personas mayores en diez estados. El consiguiente informe reveló que la discriminación es una barrera importante para las personas LGB mayores que buscan vivienda. En el 48 por ciento de las pruebas realizadas, el evaluador LGB experimentó al menos un tipo de trato adverso y diferente, como que se le cotizara un monto de alquiler más alto o que se le sometiera a cargos adicionales. El informe también reveló que a los estados con leyes estatales contra la discriminación “en general les fue mejor” que a los estados sin protecciones por orientación sexual. Estos resultados sugieren que la prohibición a nivel nacional del HUD de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la vivienda tendrá un impacto real y positivo para las personas LGBTQ en todo el país, especialmente en los estados sin protecciones locales.
El memorando del HUD marca un paso importante hacia la igualdad LGBTQ. Sin embargo, lograr más avances requiere la codificación explícita en la ley de las protecciones contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Sin una legislación explícita, una administración posterior podría adoptar una interpretación más limitada de la Ley de Vivienda Justa, lo que dejaría a cientos de miles de estadounidenses LGBTQ sin una protección adecuada contra la discriminación en la vivienda.
La Ley de Igualdad enmendaría la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Vivienda Justa para prohibir explícitamente la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. La Cámara de Representantes votó el 25 de febrero de 2021 para aprobar la Ley. Ahora pasa al Senado, donde su destino es incierto.
En el Equal Rights Center estamos deseosos de trabajar con el HUD para hacer cumplir las protecciones de vivienda justa para la comunidad LGBTQ. Hemos visto el bien que pueden generar estas protecciones en nuestra propia comunidad —la discriminación por orientación sexual ha sido ilegal en el Distrito de Columbia desde 1973— y celebramos este siguiente paso para promover la igualdad en todo el país.
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Si cree que puede haber sufrido discriminación en la vivienda, puede comunicarse con el Equal Rights Center. Para denunciar su experiencia, llame al 202-234-3062 o envíe un correo electrónico a info@equalrightscenter.org.
La información contenida en esta publicación no constituye asesoramiento legal y no debe interpretarse como tal.
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